banner2014-2015Diplomados patrocinados por agencias del Sistema de Naciones Unidas (ACNUR, FAO, ISDR, UNESCO, OIT, OIM, OPS y UNICEF entre otras), la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Amnistía Internacional, Fundación Ford, Fundación Heinrich Böll, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Embajadas y Delegaciones Diplomáticas acreditadas en Santiago de Chile.

Equipos docentes de excelencia, conformados por destacados profesionales, altos directivos públicos y de organismos internacionales, académicos y expertos de reconocida trayectoria internacional, provenientes de diversos países de América Latina, el Caribe y Europa.

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Los Estados han suscrito un conjunto de pactos y tratados que configuran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En ese marco existe hoy un amplio consenso respecto de la responsabilidad que les cabe a los Estados y gobiernos democráticos de garantizar los derechos humanos tanto civiles como políticos, económicos, sociales y culturales.

El enfoque de derechos emerge como paradigma innovador que aplica los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en las Políticas Públicas y las Estrategias de Desarrollo. Con ello, busca generar cambios no sólo en la política económica y social, sino que también en la centralidad y responsabilidad del Estado, interviniendo, al mismo tiempo, en problemas básicos y específicos de la sociedad, enfrentando la nueva generación de problemas sociales no controlables mediante enfoques tradicionales. El enfoque debe traducirse en políticas integradas tendientes a intervenir al mismo tiempo en diversos aspectos del circuito desigualdad-exclusión, aportando a procesos redistributivos que superen el universalismo meramente formal, y requiere de la instalación de habilidades y competencias técnicas en el aparato del Estado, tanto para escuchar significativamente a la ciudadanía, como para construir regulación de diverso alcance, que aporten al aseguramiento de los Derechos Humanos.

 

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banner empresa dicAmérica Latina viene siendo testigo de actividades de empresas nacionales y transnacionales cuyo impacto perjudica el medioambiente e interfiere en el ejercicio de los derechos y libertades de las personas y los pueblos, alejando aún más los países de la región del anhelado desarrollo sustentable. Como en otras regiones del mundo, las organizaciones de la sociedad civil han venido denunciando los graves abusos cometidos por los actores empresariales así como la inacción estatal frente a tales abusos. La masiva contaminación por empresas petroleras en la amazonía ecuatoriana; la crisis hídrica ligada a la extracción minera en el norte de Chile; el desarrollo creciente de la agroindustria en Brasil, la explotación económica de niños, niñas y adolescentes en las minas de Bolivia y de Perú; las prácticas antisindicales y la persistencia de la discriminación de género junto con la brecha salarial entre hombres y mujeres en la mayoría de los países de la región; la instalación de mega proyectos de infraestructura y extractivos en territorios ancestrales de pueblos indígenas son sólo algunos ejemplos de lo que ocurre en la actualidad.

banner cambioclimatico finalHemos de ser capaces de combinar el crecimiento económico con la reducción de la pobreza y a su vez con la reducción de las emisiones de CO2...el diseño de una política que estimule el crecimiento sostenible conseguirá ambos objetivos (Gro Harlem Brundtland, 2010).

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático define a éste como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables.

El problema del cambio climático, como se ha argumentado hasta ahora es acumulativo, urgente y global. De allí que toda inacción política frente al problema conducirá inevitablemente a su agravamiento.

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La reducción del riesgo se ha convertido en un tema prioritario en la agenda latinoamericana, ya que en los últimos años la región se ha visto gravemente impactada social y económicamente por fenómenos tales como huracanes y sismos, además de los recrudecimientos de manifestaciones hidrometeorológicas; dando cuenta, al mismo tiempo, que la pobreza endémica constituye el sustento estructural de la vulnerabilidad a las catástrofes. En este escenario adquieren especial importancia las redes de seguridad social y las iniciativas comunitarias.

La medida en que los efectos de los desastres naturales se incrementan en situaciones de pobreza e inequidad social depende de la medida en que los gobiernos y las instituciones humanitarias incorporan los derechos humanos en la respuesta y preparación para el desastre.

 

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En las dos últimas décadas del siglo XX la cuestión indígena cambió profundamente en América Latina. La constitución de los movimientos indígenas como actores políticos es uno de los fenómenos más notables en la región y en el mundo, y tendrá prolongados efectos en las democracias de los países latinoamericanos (Panorama Social de América Latina 2006, Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
América Latina y El Caribe se caracterizan por ser regiones pluriétnicas y pluriculturales. Hoy existen más de 650 pueblos indígenas y tribales reconocidos por los diversos Estados de la región con una población estimada de casi 60 millones de personas, lo cual se traduce en una diversidad de realidades territoriales y demográficas. En este escenario, los pueblos poseen diferentes status sociales y políticos en los países donde se asientan, sin embargo, el común denominador es la discriminación estructural, la marginalidad, exclusión y pobreza que los afecta. Los pueblos indígenas son aquellos que poseen un estilo de vida tradicional, una cultura y maneras de vivir diferentes de la de otros sectores de la población nacional y que evidencian una "continuidad histórica" de vida en una determinada región o territorio, con anterioridad a que otros hayan invadido o conquistado dichos espacios tradicionales.

 

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banner memoria finalLa memoria es parte de la construcción social del tiempo, y la manera de relacionarse con el pasado enmarca las posibilidades y sentidos del futuro (Norbert Lechner).

Las luchas por la memoria histórica, como por aquellas que develan el sentido social, político y cultural del pasado reciente de represión política, violencia y segregación racial en América Latina, el Caribe, Sudáfrica y otros países del mundo, han ido configurando una creciente demanda de promoción y protección de los derechos humanos a través de una Política de la Memoria que aborde institucionalmente su significación para abordar los escenarios políticos donde se despliegan las luchas sobre los sentidos del pasado. Como, también, de una Política de la Memoria que vaya más allá de la simple administración del pasado; esto es, de una política cuyos efectos se proyecten más allá de nuestra relación con los conflictos vividos y sea un estímulo para la acción.

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El envejecimiento de la población supone la construcción de nuevos escenarios en la sociedad latinoamericana enfocados a ámbitos políticos, económicos, culturales, sociales y asistenciales. Desde inicios de la década de los 90, se percibe un cambio de paradigma en el análisis del envejecimiento y la situación de las personas de edad, temas abordados desde la óptica de los Derechos Humanos. Este enfoque plantea fundamentalmente el imperativo ético y normativo de considerar a las personas de edad no como un grupo vulnerable que es objeto de protección, sino como una población que es titular de derechos en sentidos amplios y estrictos.

El proceso de envejecimiento de la población de América Latina y el Caribe presenta dos características que preocupan: un ritmo rápido que el registrado históricamente en los países desarrollados y un contexto caracterizado por una persistente desigualdad, un débil desarrollo institucional, sistemas de protección social de baja cobertura y calidad y una institución familiar muy exigida en materia de seguridad y protección.

 

 

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bannergeneroLas desigualdades de género, junto con las de clase y de etnia, son claro reflejo de la injusticia social en América Latina, el Caribe y el mundo entero. Como respuesta, y con sustento en las Convenciones y acuerdos internacionales, la agenda regional ha priorizado la incorporación transversal de enfoque de género en las políticas públicas. La reciente creación de ONU Mujer reafirma esta voluntad política al reforzar la institucionalidad de la comunidad internacional, en la perspectiva de avanzar hacia la equidad y erradicar las desigualdades de género.

Género refiere a la construcción social instalado como un sistema de símbolos, representaciones, normas, valores y prácticas que expresa la interpretación que otorgan las sociedades a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres.

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"Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser protegida por el hombre contra la crueldad del hombre." Mahatma Gandhi
"No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños" Nelson Mandela
El siglo XX se ha caracterizado por la evolución de los derechos humanos y el desarrollo de un extenso cuerpo normativo para proteger su ejercicio y disfrute. El respeto a los Derechos Humanos se considera base de la convivencia, la seguridad, la justicia y la paz, siendo la condición indispensable para la democracia y el desarrollo económico y social de un país.
Los Derechos de la Infancia forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de diversos tratados y convenciones internacionales que los han desarrollado en forma explícita, suponiendo su vulneración un grave obstáculo para la supervivencia y el desarrollo, puesto que como lo expresa UNICEF, se trata de "uno de los recursos más preciosos del mundo". La infancia es un bien preciado y extremadamente delicado, pero a su vez un riesgo real para aquellos países en los que todavía no se respetan los derechos humanos.

 

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bannerdiscapacidad2014-2015"Con anterioridad la democracia se definía como el poder de la mayoría; ahora sería más adecuado definirla por el respeto a los derechos de las minorías". (Alain Touraine)

En América Latina, las personas con discapacidad tienen una larga historia de marginalización y exclusión. Esta invisibilidad les ha expuesto a una enorme vulnerabilidad. Estadísticas aún escasas y con poca fiabilidad empiezan a surgir y revelan el bajo nivel y calidad de vida de esta población incluso los bajos niveles de educación que reflejan acceso límite a los servicios básicos dentro de nuestras sociedades.

El punto de partida para un análisis de políticas públicas con enfoque en derechos y dirigidas a personas con discapacidad es la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad que fue sancionada en 2006. Como primer instrumento jurídicamente vinculante, la Convención establece importantes principios y obligaciones de los Estados. Incluye un enfoque en derechos civiles y políticos que permite a personas con discapacidad reclamar sus derechos con firmeza.

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"A ninguna persona debieran negársele sus derechos humanos simplemente por su orientación sexual o su identidad de género. Ninguna persona debiera ser objeto de discriminación, violencia, sanciones penales o cualquier tipo de abuso simplemente por su orientación sexual o su identidad de género". (Navy Pillay, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos)

La existencia de arraigadas actitudes homofóbicas y transfóbicas, a menudo combinadas con una falta de adecuada protección legal contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, expone a la población LGTBI (lesbianas, gay, transexuales, bisexuales e intersexuales) de todas las edades y regiones del mundo a atroces violaciones de sus derechos humanos. Discriminada en el mercado de trabajo, en las escuelas y hospitales, muchas veces maltratada y desheredada por su familia, la población LGTBI es habitualmente individualizada para ataques físicos, tales como palizas, ataques sexuales, torturas y asesinato. Adicionalmente, en 76 países existen leyes discriminatorias que criminalizan las relaciones privadas y consensuales entre personas del mismo sexo, exponiéndolas al riesgo de arresto, acciones judiciales, prisión e incluso pena de muerte en al menos cinco países.

 

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banner seguridadLa humanidad no podrá tener seguridad sin desarrollo, no podrá tener desarrollo sin seguridad y no podrá tener ninguna de las dos cosas si no se respetan los derechos humanos. (Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas).

Nos preocupa especialmente que en muchos países las principales violaciones a los derechos humanos estén relacionadas con el problema de la seguridad de los ciudadanos. (José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo, Human Rights Watch).

La existencia de la violencia en América Latina ha tenido dos explicaciones centrales. La primera perspectiva explica el fenómeno por los desajustes propios de la modernización (industrialización y urbanización). La disolución acelerada de mecanismos de protección y control social generarían condiciones para un incremento de la violencia. La disociación entre realidad (pobreza) y expectativas llevaría a incentivar la delincuencia y la violencia social. Una segunda se detiene en las condiciones de socialización, esto es, las formas en que determinados grupos interactúan, la institucionalidad y culturas predominantes (Fuentes, 2011).

BannerJuvetud2014-2015El derecho internacional de los derechos humanos, ha luchado desde su origen como disciplina por la protección, respeto y garantía de los derechos de todas las personas. Durante las últimas décadas su énfasis ha estado determinado por la visibilización y la protección de ciertos grupos cuyos intereses deben ser considerados por los diversos gobiernos que adscriben al sistema internacional y a los sistemas regionales (interamericano, europeo, asiático, africano, etc.), puesto que sus características como grupo, los ubican dentro de aquellos llamados vulnerables o vulnerados. Así ocurre con las personas con discapacidad, las niñas, niños y adolescentes, migrantes, la comunidad LGBTI, entre otros.

Actualmente los y las jóvenes se constituyen como un grupo humano, que requiere especial análisis, protección e interés por parte de los estados, para promover una ciudadanía plena. Como se sabe, a nivel mundial no existe una norma que proteja y promueva los derechos de las y los jóvenes (como sí existe en el caso de la infancia y la adolescencia, a través de la Convención Internacional de los Derechos del Niño aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas).

bannerrefugiadosymigracion"Los nuevos refugiados eran perseguidos, no por lo que habían hecho o pensado, sino porque eran de una forma inmodificable: nacidos dentro del tipo inadecuado de raza o del tipo inadecuado de clase o alistados por el tipo inadecuado de gobierno..." Hanna Arendt, Los orígenes del totalitarismo, 1951.

En virtud de tratados y convenciones internacionales personas migrantes refugiadas y solicitantes de asilo gozan en derecho internacional de una protección y atención especial.

El desplazamiento de personas en el contexto de la globalización constituye, uno de los mayores objetos de atención de los Estados y la comunidad internacional. Se trata de un fenómeno cambiante, característica que se ha acentuado desde las últimas décadas del siglo pasado. Con anterioridad, los flujos migratorios involucraban mayormente a dos países –el de origen y el receptor- generalmente vinculados por circunstancias de orden geográfico, histórico, cultural o económico. En cambio, actualmente, debido entre otras causas al proceso de globalización y las desigualdades en la distribución del ingreso, las migraciones, en sus diversas modalidades, involucran cada vez más al conjunto de la comunidad internacional y de cada comunidad regional.