Los derechos cuestan y la protección efectiva de un derecho es consecuencia tanto de su consagración en el ordenamiento jurídico, – en particular en el texto constitucional-, como de la capacidad del Estado de garantizar aquello que se encuentra definido en las normas. En este caso, el adecuado financiamiento para su realización efectiva.
Los Estados han suscrito un conjunto de pactos y tratados que configuran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, existiendo un amplio consenso respecto de la responsabilidad que le corresponde al Estado en cuanto a garantizar los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales). Sin embargo, es necesario plantearse cuanta aplicabilidad tienen las prescripciones normativas, es decir, en que medida se encuentra protegido en los hechos un derecho que ha sido consagrado en el ordenamiento jurídico y cómo se asegura su realización y efectividad.