La existencia de arraigadas actitudes homofóbicas y transfóbicas, a menudo combinadas con una falta de adecuada protección legal contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, expone a la población LGTBI (lesbianas, gay, transexuales, bisexuales e intersexuales) de todas las edades y regiones del mundo a atroces violaciones de sus derechos humanos. Discriminada en el mercado de trabajo, en las escuelas y hospitales, muchas veces maltratada y desheredada por su familia, la población LGTBI es habitualmente individualizada para ataques físicos, tales como palizas, ataques sexuales, torturas y asesinato. Adicionalmente, en 76 países existen leyes discriminatorias que criminalizan las relaciones privadas y consensuales entre personas del mismo sexo, exponiéndolas al riesgo de arresto, acciones judiciales, prisión e incluso pena de muerte en al menos cinco países.
La primera vez que la ONU se posicionó respecto de los derechos LGTBI fue en Australia en 1994 mediante la resolución favorable del caso Toonen contra Australia por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual dictó que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se recoge que las leyes contra la homosexualidad son una violación de los derechos humanos.